Jurisprudencia: Sentencia STS 7628/2008 sobre no cabe imputar al acusado una conducta imprudente ni grave ni leve por llevar su arma sin seguro

Sentencia en relación con el artículo realizado por D. Ernesto Pérez Vera, http://tirodefensivocampodegibraltar.blogspot.com.es/2015/12/el-sentido-comun-avalado-por-el-derecho.html

 

Igualmente se adjunta la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que origina el recurso que se eleva el Tribunal Supremo.

Roj: STS 7638/2007 – ECLI:ES:TS:2007:7638

Id Cendoj: 28079120012007100937

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal

Sede: Madrid

Sección: 1

Nº de Recurso: 566/2007

Nº de Resolución: 955/2007

Procedimiento: PENAL – PROCEDIMIENTO ABREVIADO/SUMARIO

Ponente: DIEGO ANTONIO RAMOS GANCEDO

Tipo de Resolución: Sentencia

…/…

NOVENO.- El motivo del recurrente y el apoyo parcial que a éste presta el Ministerio Fiscal, deben ser desestimados.

Será menester recordar que la operación en la que participó el acusado tenía por objeto la entrada y registro en la vivienda de un sospechoso de tráfico de drogas. Precisamente la frecuencia con que en estas actuaciones policiales, los miembros de las fuerzas de seguridad son repelidas por los que se encuentran en la vivienda, empleando armas que ponen en grave riesgo la vida y la integridad física de los funcionarios policiales, justifica sobradamente que el sargento que dirigía la acción dispusiera que la primera pareja que entraría en el piso (el propio sargento y el cabo acusado), lo hicieran pistola en mano y por sorpresa, ante “…. la eventual peligrosidad de la diligencia practicar -dice el factum”- por no tener datos sobre si los ocupantes del piso podían o no estar armados ….”.

De aquí se infiere ya la inanidad de los factores en los que la Audiencia sustenta la imprudencia grave en la actuación del acusado. En efecto, que no existieran datos objetivos que hicieran presumir que los moradores de la vivienda estuviesen armados o fueran a reaccionar violentamente, no excluye en modo alguno la racional probabilidad de esa reacción violenta, a lo que cabe añadir, como el Fiscal señala, que “entrar en la vivienda a esas horas, armados y sin previo aviso, es decisión que le venía dada al acusado por su superior “y frente a la que sólo le cabía obedecer”.

Afirma la sentencia, en segundo lugar, que la forma y circunstancias en que acordó practicar la diligencia de entrada y registro, sorpresivamente, en las primeras horas de la mañana -en la presunción de que los moradores estuvieran dormidos-, de forma rápida y calculada, interviniendo un número importante de agentes y portando linternas cuya finalidad objetiva no sólo debía ser la de alumbrarse sino también deslumbrar a los eventuales ocupantes de la vivienda obstaculizando así cualquier reacción defensiva, eliminaba prácticamente la posibilidad de dicha eventual reacción. A esta consideración únicamente cabe replicar que los hechos acaecidos demostraron justamente lo contrario.

Señala también el Tribunal a quo el llevar el brazo donde portaba el arma extendido y no hacia abajo o con el antebrazo pegado lo más posible al torso lo que resulta manifiestamente irrelevante, sin necesidad de explicaciones.

El único dato que acaso podría sustentar la imputación de una actuación imprudente es el hecho de que a la pistola se le hubiera retirado el mecanismo de seguro, que, activado, impide el disparo aunque se accione el disparador.

Esta cuestión, que constituye el núcleo de la imprudencia que se reprocha al policía acusado, requiere alguna consideración. En primer lugar, ha quedado acreditado pericialmente que la pistola del acusado necesita para que el disparo se efectúe, imprimir al gatillo una fuerza equivalente a 3.800 gramos, lo que supone de hecho la imposibilidad del disparo de manera fortuita o accidental por el mero contacto del dedo con el disparador o presionando éste con una fuerza inferior a la referida. Pero también, a su vez, permite realizar el disparo de modo inmediato ante la aparición de una situación repentina de riesgo para el portador del arma o para su compañero, sin necesidad de demorar el disparo para retirar el seguro y volver a hacer puntería sobre el objetivo amenazador, pues, por mínimo que sea el tiempo en efectuar esta acción, puede ser suficiente para que se produzca la agresión a repeler. De esta “gota de tiempo” puede depender la vida o la muerte del servidor de la Ley.

En las circunstancias fácticas en que se desarrollaron los hechos, entrando con violencia en la vivienda ocupada por sospechas de tráfico de drogas, sin razones para excluir una reacción violenta por parte de éstos, que podrían estar armados (así lo dice el “factum”), consideramos que no cabe imputar al acusado una conducta imprudente ni grave ni leve por llevar su arma sin seguro, pues las características de la pistola que hemos mencionado impedirían un disparo casual o por accidente máxime si el acusado “llevaba el dedo correspondiente fuera del receptáculo del disparador.

Podemos afirmar que la conducta del acusado ha creado, ciertamente, un riesgo, pero se trataría de un riesgo jurídicamente no desaprobado a tenor de las circunstancias concurrentes, que justificarían dicha conducta.

En todo caso, y extremando el análisis, debe subrayarse que, en todo caso, la acción que se reprocha al acusado no podría exceder de una imprudencia de carácter leve, como sostiene el Fiscal.

Así las cosas, y moviéndonos de nuevo en la teoría de la imputación objetiva, debemos dilucidar si tal – supuesta, pero aceptada en términos dialécticos- acción levemente imprudente es lo suficientemente relevante para establecer con certeza la relación causalidad con el resultado producido al final del episodio. Cabría, así, considerar que en el fallecimiento de la víctima han confluido dos conductas imprudentes: de una forma absolutamente predominante, la actitud de la propia víctima, abalanzándose sobre quien porta un arma y es un agente de la autoridad que legítimamente le ha requerido para que permanezca inmóvil y lejos de atender tal mandato intenta arrebatarle la pistola mediante un forcejeo violento. La desproporción entre la “tenue” imprudencia del acusado y la agresión de la víctima a éste para apoderarse del arma en una violenta lucha, en el curso de la cual se produjo el disparo que alcanzó la cabeza de la víctima, es, pues, manifiesta y palmaria en relación con el resultado acaecido.

DÉCIMO.- La doctrina de esta Sala viene sosteniendo que la relación entre la acción y el resultado no se limita a la comprobación de la causalidad natural, sino que dependerá de la posibilidad de la imputación objetiva del resultado de esa acción. Cabe afirmar que, por regla general, sin causalidad natural no se puede sostener al imputación objetiva, pero que ésta no coincide necesariamente con la causalidad natural. De esta manera, sólo es admisible establecer la relación entre la acción ejecutada y el resultado producido cuando la conducta haya creado un peligro no permitido, es decir, jurídicamente desaprobado, y el resultado producido haya sido la concreción de dicho peligro.

En el caso examinado, la causalidad natural es evidente: si la pistola hubiera tenido puesto el seguro, el disparo mortal no se abría producido. Sin embargo debe profundizarse en la cuestión de si la muerte de la víctima es la realización del peligro creado por la acción del acusado, y ello requiere un juicio relativo a la intensidad del peligro creado y su relación con el resultado, teniendo en cuenta que en ese resultado ha contribuido de forma “absolutamente predominante” la acción antijurídica de la propia víctima al no obedecer la orden del agente de la autoridad y, por el contrario, abalanzarse contra éste para arrebatarle el arma.

Pues bien, en estas situaciones en las que aparecen dos concausas de la realización del resultado, una remota y otra actual, habrá que afirmar la causalidad de aquélla en el sentido de la “conditio sine qua non”, pues si el acusado hubiera llevado puesto el seguro de la pistola, el disparo fortuito no se habría producido en el forcejeo con la víctima. Pero (véase la STS de 26 de febrero de 2.000), no toda causalidad es relevante: en los casos en los que la víctima opta por crear con su acción un peligro mucho mayor que el realmente generado por el autor, sin una especial justificación, los resultados que sean producto de la introducción de este nuevo peligro, no deben ser imputados al autor.

En esta misma línea, y situándonos en el escenario donde se desarrolló la intervención policial, hemos declarado que la creación de un peligro jurídicamente desaprobado está ausente cuando se trate de riesgos permitidos, que excluyen la tipicidad de la conducta que los crea, y próximos a estos los casos de disminución del riesgo, en los que el autor obra causalmente respecto de un resultado realmente ocurrido, pero evitando a la vez la producción de un resultado más perjudicial. Son de mencionar igualmente otros supuestos de ruptura de la imputación objetiva entre los que se pueden incluir los abarcados por el principio de confianza, conforme al cual no se imputarán objetivamente los resultados producidos por quien ha obrado confiando en que otros se mantendrán dentro de los límites del peligro permitido, así como las exclusiones motivadas por lo que doctrinalmente se denomina la prohibición de regreso, referidas a condiciones previas a las realmente causales, puestas por quien no es garante de la evitación de un resultado. Y en este punto reiteramos nuestro criterio de que la intervención del acusado, en la forma y manera que se llevó a cabo, no puede ser jurídicamente desaprobada.

Pero aún en el caso de una actuación levemente descuidada, debe enfatizarse que la imputación objetiva del resultado exige que el riesgo creado por la acción del autor sea el que se realiza con el resultado, y no otro. Es en este condicionante de la imputación objetiva en el que se plantea la presencia de riesgos concurrentes para la producción del resultado, cuestión en la que habrá que estar al riesgo que decididamente lo realiza, como aquellos otros casos en los que no podrá sostenerse la realización del riesgo en el resultado cuando la víctima se expone a un peligro que proviene directamente de su propia acción, en cuyo caso el resultado producido se imputará según el principio de la “autopuesta en peligro” o “principio de la propia responsabilidad”. Se trata de establecer los casos en los que la realización del resultado es concreción de la peligrosa conducta de la propia víctima que ha tenido una intervención decisiva.

En la jurisprudencia esta problemática ha sido considerada en parte a través de la figura de la “compensación de culpas” en los delitos imprudentes. En este sentido la STS de 5-11-90 establece que “para calibrar la respectiva relevancia de las conductas intervinientes (…) habrá de tenerse en cuenta que si uno de los factores o condiciones se muestra como causa decisiva y eficiente del resultado, habrá de reputarse la actuación de los demás intervinientes como accidental y fortuita… “. Como resulta evidente que en los casos de autopuesta en peligro y, por consiguiente, de autorresponsabilidad del lesionado, la participación de un tercero no debe ser punible (véase STS de 19 de octubre de 2.000).

Estos criterios doctrinales son plenamente aplicables al supuesto analizado y, en consecuencia, el motivo casacional del recurrente y el apoyo parcial que predica la parte recurrida, deben ser desestimados.

PDF Logo STS 7638-2007 mossos imprudencia grave disparo – cartucho en recámara

PDF Logo SAP B 12788-2006 mossos imprudencia grave disparo – cartucho en recámara

 

Fuente: CENDOJ

 

Sentencia obtenida de la Base de Datos de Jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial para su divulgación, mediante autorización expresa, a través de la página web de acceso público www.principios-cop.es, con el fin de mejorar la formación de los agentes de la autoridad mediante el conocimiento de la jurisprudencia. Las resoluciones podrá obtenerlas a través del buscador público, en la página web www.poderjudicial.es. La presente sentencia no ha sido objeto de modificaciones o alteraciones de ningún tipo.

 

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